Por: William Rendón

Las juventudes en el Tolima han sido un actor histórico clave en la transformación y configuración política, social y territorial, sin embargo, su participación en la implementación de políticas públicas ha sido intermitente, esto responde tanto de voluntades institucionales, como del dinamismo de los procesos organizativos juveniles.

Con la aprobación de la Política Pública de Juventud 2022-2031, se abre una nueva posibilidad para fortalecer los ejercicios de participación, la garantía de derechos y la generación de oportunidades en la base social juvenil del departamento. Pero ¿esta política pública responde realmente a las necesidades de los jóvenes?, ¿se está implementando de manera diligente en los diferentes municipios del departamento?, o ¿se queda acaso en un documento bien intencionado sin mecanismos efectivos de implementación? Bien es cierto que, la Política Pública de Juventud del Tolima no es un regalo única y exclusivamente de la voluntad de un gobierno de turno, por el contrario, es el cumplimiento de un mandato legal que estuvo en mora por aproximadamente nueve años.

La Ley 1622 del 2013 modificada por la Ley 1885 establece en su título II lo que son las políticas públicas de juventud, su dimensión, enfoque y por supuesto sus propósitos para satisfacer necesidades en el territorio. de implementación? Bien es cierto que, la Política Pública de Juventud del Tolima no es un regalo única y exclusivamente de la voluntad de un gobierno de turno, por el contrario, es el cumplimiento de un mandato legal que estuvo en mora por aproximadamente nueve años.

La Ley 1622 del 2013 modificada por la Ley 1885 establece en su título II lo que son las políticas públicas de juventud, su dimensión, enfoque y por supuesto sus propósitos para satisfacer necesidades en el territorio. de implementación? Bien es cierto que, la Política Pública de Juventud del Tolima no es un regalo única y exclusivamente de la voluntad de un gobierno de turno, por el contrario, es el cumplimiento de un mandato legal que estuvo en mora por aproximadamente nueve años.

La Ley 1622 del 2013 modificada por la Ley 1885 establece en su título II lo que son las políticas públicas de juventud, su dimensión, enfoque y por supuesto sus propósitos para satisfacer necesidades en el territorio. estructural que afectan a la juventud del departamento. No obstante, la clave del éxito no radica meramente en la formulación, sino en el acompañamiento constante en todas las etapas de implementación de la política pública. De igual forma, uno de los retos más importantes tiene que ver con la financiación.

Muchas de las políticas públicas en Colombia se quedan en la formulación y/o las buenas intenciones, debido a la falta de recursos en la ejecución. Sin una asignación de presupuesto concisa y un seguimiento riguroso, las iniciativas se quedan en no más que eso, iniciativas, y las demandas sociales se quedan sin ser resueltas.

Otro punto crítico se encuentra en la articulación entre las instituciones y las organizaciones juveniles, si bien el documento reconoce la importancia de la participación, con los datos que arroja su incipiente implementación se pone en entredicho si se facilitaran realmente espacios de incidencia en los que se construya una confianza juvenil no solo en pro de la implementación de la política pública, sino además en la articulación con las instituciones. Hoy las normativas como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil pese a que tienen un mandato expreso, dependerá mucho de la voluntad política pero también de una movilización por parte de las prácticas organizativas claras y desarrolladas. Es cierto que, depende mucho del ejercicio de agencia que pueda realizar la juventud, pero también de la tarea que tenemos nosotros en el territorio.

Finalmente, es clave mencionar el desafío que tiene la iniciativa en acercar la política a los municipios a partir de enfoques integrales y diferenciados que reconozcan precisamente las particularidades propias de los territorios, entendiendo que El Tolima es un departamento con marcadas diferencias entre lo rural y lo urbano, por lo que los jóvenes de municipios como Chaparral o Rioblanco, no enfrenta las mismas problemáticas que los de Melgar e Ibagué, cosa que con frecuencia tienden a ignorar las políticas públicas desarrolladas desde un escenario tecnocrático.

Por lo demás, esta es una política pública que guarda en esencia un potencial significativo para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en el Tolima, empero que su éxito depende de un compromiso real manifiesto en una voluntad política clara, una asignación de recursos que corresponda a la tarea y un acercamiento institucional que logre construir una relación de confianza con la juventud. De lo contrario, se corre el riesgo de que este esfuerzo termine siendo un documento más, que se archivó sin generar transformaciones políticas, sociales, culturales y territoriales de impacto real.

El contenido aquí plasmado responde a las directrices editoriales de El Anzuelo Medios. Si usted tiene alguna inquietud, queja, sugerencia o reclamo sobre este, por favor comuníquese a través del correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al teléfono  (57)+ 8 276 00 10 ext.: 4623.